La expansión de la agricultura de gran escala en la Amazonía aumenta la deforestación, los conflictos por la tierra y los riesgos para las personas defensoras del ambiente en el Perú. El informe “El laberinto verde” de Oxfam revela cómo las inconsistencias en las políticas nacionales han permitido que los agronegocios se expandan de forma descontrolada, especialmente en commodities como la palma aceitera, muchas veces bajo una presunta legalidad.

Según el informe, la deforestación a causa de la conversión de bosques en áreas agropecuarias es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país. Entre 2015 y 2022, se perdieron unas 773.000 hectáreas de bosque en las unidades agropecuarias de mayor extensión, lo que equivale a 468.1 GgCO2e de emisiones.

En términos sociales, el modelo de agronegocios a gran escala perpetúa la desigualdad estructural en la tenencia de tierras en el Perú. Solo el 34.44% de las tierras agrícolas del país tienen título de propiedad. En la Amazonía, esta cifra es aún menor: en departamentos como Madre de Dios y Amazonas, menos del 5% de las tierras cuentan con este derecho.

El avance de los agronegocios también incrementa los riesgos para las personas defensoras del ambiente. Según el informe, el 40% de las personas defensoras en riesgo en el Perú son de pueblos indígenas de la Amazonía, quienes enfrentan amenazas relacionadas con la tala ilegal y el tráfico de tierras.

“Los agronegocios a gran escala están generando mayores desigualdades en la tenencia de tierras, al favorecer a grandes empresas en desmedro de las comunidades indígenas que deben atravesar largos y complejos procesos para obtener el reconocimiento de sus territorios”, aseguró Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú. “Esta situación no solo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, sino que también las expone a graves conflictos y violaciones de derechos humanos”.

Grandes plantaciones sin control ambiental

Los agronegocios a gran escala han encontrado formas de evadir la regulación forestal y ambiental. Por lo general, aprovechan normativas destinadas al reconocimiento de derechos de pequeños agricultores para formalizar grandes extensiones de tierras previamente deforestadas. Así, en lugar de obtener una autorización de cambio de uso de suelo, estas empresas se benefician de un proceso de formalización de propiedad agraria destinado originalmente a productores de pequeña escala.

Parte del problema radica en que la regulación no discrimina si las tierras formalizadas contienen bosques o no. Muchas veces estas parcelas han sido tomadas por traficantes de tierras que buscan titularlas, según el informe de Oxfam. Posteriormente, las grandes empresas compran las parcelas beneficiadas por este proceso de formalización, adquiriendo grandes extensiones de tierras y evitando el cumplimiento de requerimientos ambientales y forestales.

En resumen, primero se deforesta y se instalan cultivos. Luego, las parcelas se formalizan como pequeñas propiedades agrícolas y, finalmente, las grandes empresas adquieren las tierras ya tituladas, evadiendo así los requisitos ambientales y forestales.

La urgencia de un enfoque integral

Para abordar de manera efectiva esta problemática, el informe “El laberinto verde” hace hincapié en la urgencia de un enfoque integral para la Amazonía peruana que contemple el ordenamiento territorial, la conservación de los bosques y el respeto a los derechos humanos, involucrando tanto al Estado, en sus diferentes niveles, como al sector privado, las cadenas de valor y los mercados internacionales.

“Evitar la promoción de agronegocios en bosques primarios, fortalecer la titulación integral de tierras colectivas, implementar políticas que garanticen el control y monitoreo participativo de territorios forestales, así como fortalecer la certificación y fiscalización ambiental a los agronegocios son algunos de los aspectos claves a priorizar”, agregó Alayza. 

Datos de interés:

• La deforestación causada por la conversión de bosques en áreas agropecuarias es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país.
• El 40% de las personas defensoras en riesgo en el Perú son de pueblos indígenas de la Amazonía, quienes enfrentan amenazas relacionadas con la tala ilegal y el tráfico de tierras.
• Se entiende por agronegocios a los negocios agrícolas de gran escala o escala industrial vinculados a los commodities con más demanda, en este caso, de la Amazonía peruana.